¿Cómo cumplir los requisitos y obligaciones de la nueva Ley Antifraude ?

La lucha contra el fraude fiscal es una prioridad para las autoridades tributarias y, teniendo esto en cuenta, la Ley Antifraude 11/2021 marca un antes y un después en la forma en la que los autónomos y las empresas tienen que gestionar tanto su facturación como sus pagos.

En 2025, esta normativa cobra aún más relevancia por la entrada en vigor de nuevas obligaciones y sanciones, especialmente en relación con el uso de los software de facturación. Por eso, hemos creado esta guía totalmente actualizada donde te vamos a detallar los puntos clave de la Ley Antifraude, sus implicaciones prácticas y cómo adaptarse a este nuevo marco legal.

¿Qué es la Ley Antifraude?

La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida popularmente como Ley Antifraude, es una norma diseñada para luchar contra el fraude fiscal mediante el aumento del control y la recaudación fiscal al tiempo que se reduce la economía sumergida. Además, la ley busca modernizar la gestión tributaria, impulsando la digitalización de las empresas y la transparencia de sus procesos financieros.

La Ley Antifraude fue aprobada en julio de 2021 y recogida en el BOE-A-2021-11473, estableciendo un conjunto de medidas que se centran en tres pilares principales:

• La limitación de los pagos en efectivo
• El control del mercado inmobiliario mediante el valor de referencia
• La regulación del software de facturación, especialmente aquel que es susceptible de ocultar ventas o alterar registros.

Desde que la Ley Antifraude fue aprobada, esta normativa ha ido evolucionando con la publicación de reglamentos y adaptaciones técnicas, como es el caso del sistema Verifactu, que es un sistema que obligará a ciertos contribuyentes a emitir facturas electrónicas bajo condiciones de inalterabilidad y trazabilidad.

Características de la Ley Antifraude

La Ley Antifraude se articula como un conjunto de medidas técnicas y legales creadas para prevenir la evasión fiscal en los distintos niveles del sistema económico. Algunas características definitorias de esta norma son:

• Aplicación transversal: afecta tanto a particulares como a empresas y desarrolladores de software
• Generalización del uso de softwares de facturación capaces de garantizar la autenticidad y trazabilidad de las facturas electrónicas.
• Registro y conservación de datos: exige conservar los registros de operaciones durante un periodo mínimo de tiempo.
• Prohibición del uso de softwares de doble uso para ocultar ventas o manipular registros.
• Utilización de sistemas de envío automático de los registros de facturación, como Verifactu.
• Limitación de pagos en efectivo de 1.000 euros entre profesionales y 2.500 euros entre particulares para reducir la economía sumergida.
• Régimen sancionador: contempla multas económicas elevadas en caso de haber un incumplimiento.

¿Qué objetivos tiene la Ley Antifraude?

Aunque la implementación de la Ley Antifraude supone un gasto para su adaptación en muchas empresas, también aporta beneficios claros al tejido económico:

• Mayor transparencia en las operaciones: gracias al control del software y la trazabilidad de la facturación.
• Reducción de la competencia desleal: al eliminar prácticas fraudulentas que afectan a los negocios que cumplen con la legalidad.
• Impulso a la digitalización: obliga a muchas pymes a modernizar su infraestructura tecnológica.
• Facilidad en la gestión contable y fiscal: con herramientas certificadas, los procesos son más ágiles y seguros.
• Mejora de la relación con Hacienda: los sistemas como Verifactu permiten una comunicación más fluida con la Agencia Tributaria.
• Reducción de riesgos: el hecho de utilizar softwares más seguros reduce la posibilidad de sufrir ciberataques y pérdida de datos.

Pero, además, la nueva norma conlleva beneficios también para el Estado y el resto de contribuyentes:

• Reducción de la evasión fiscal que es, de hecho, el principal objetivo de la norma.
• Mayor equidad, ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todos los implicados incrementa la igualdad entre los contribuyentes.
• Gestión de fondos públicos más eficiente, sin posibles conflictos de intereses y evitando la doble financiación.

¿A quiénes afecta la Ley Antifraude 11/2021?

La Ley Antifraude 11/2021 tiene un alcance bastante amplio y afecta a diferentes sectores económicos en España. Su aplicación no se limita únicamente a grandes empresas o sectores específicos, sino que impacta directamente sobre los autónomos, las pymes, los desarrolladores de software y sobre cualquier entidad que realice operaciones económicas que se encuentren sujetas a control fiscal.

• Autónomos y pequeñas empresas: ya que deben garantizar que sus sistemas de facturación cumplen con los nuevos requisitos de integridad, conservación y trazabilidad. Esto implica dejar de utilizar herramientas que permitan una posible manipulación de registros.
• Empresas de software de facturación: éstas están obligadas a desarrollar soluciones que cumplan con los criterios técnicos definidos por la Agencia Tributaria, como la imposibilidad de borrar o alterar los datos emitidos.
• Proveedores y distribuidores de soluciones ERP o CRM: también se ven afectados por la obligación de que sus herramientas sean compatibles con el nuevo marco regulatorio, especialmente si incluyen módulos de facturación.
• Personas físicas: aunque en menor medida, la Ley Antifraude también impone restricciones a particulares, especialmente en lo referente a los límites en los pagos en efectivo, una de las medidas más visibles del nuevo marco legal.

En cuanto entre en vigor Verifactu, más cantidad de contribuyentes estarán obligados a seguir los procesos de digitalizados y de supervisión, lo que implica una transformación profunda en la forma en la que se emite, registra y reporta una factura en España.

Pero a pesar de la rigidez normativa, existen algunas excepciones para:

• Los obligados al Suministro Inmediato de Información (SII).
• Algunos supuestos del régimen de agricultura, ganadería y pesca.
• Actividades excluidas de la obligación de facturar.
• Las empresas que facturan más de 6 millones de euros, que cumplían medidas similares desde 2007.
• Los territorios forales, que ya tienen sistemas similares, como TicketBAI.
• La Comunidad Autónoma Canaria.

¿Cuándo entra en vigor la Ley Antifraude?

La Ley Antifraude 11/2021 fue aprobada el 9 de julio de 2021 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 11 de julio de 2021. No obstante, muchas de sus medidas requieren un desarrollo reglamentario específico para ser plenamente aplicables, especialmente aquellas relacionadas con el software de facturación.

La fecha prevista para la aplicación plena tanto de la Ley Antifraude como del sistema Verifactu es el próximo 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto de Sociedades, mientras que el resto de empresas y autónomos cuentan con una fecha máxima del 01/07/2026.

Las fechas previstas para la aplicación plena de la Ley Antifraude son:

• El 11 de julio de 2021 la ley entró en vigor tras ser publicada en el BOE.
• El 28 de julio de 2025 finalizó el plazo para que los programas de facturación se adaptaran a los requisitos de la norma y fueran certificados por la AEAT.
• A partir del 1 de enero de 2026 todas las sociedades anónimas y sociedades limitadas tendrán la obligación de utilizar un software homologado, como Holded, para gestionar su facturación y sus registros contables.
• La obligación se extenderá a los autónomos y sociedades civiles el 1 de julio de 2026.

Este calendario obliga a las empresas y los autónomos a anticiparse y adaptar sus sistemas actuales de facturación antes de que se intensifiquen los controles.

Requisitos de la Ley Antifraude

La Ley Antifraude 11/2021 establece una serie de requisitos técnicos y operativos que deben cumplir tanto los contribuyentes como los desarrolladores de software. Su objetivo principal es garantizar la veracidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos fiscales, especialmente los relacionados con la facturación.

Uno de los requisitos clave de la Ley Antifraude es la inalterabilidad de los registros, es decir, la imposibilidad de modificar o eliminar facturas una vez emitidas. Esto implica que quedará registro de todas las operaciones, incluso de aquellas que no se finalicen, como presupuestos o facturas proforma.

Además, los registros deben almacenarse de forma segura durante al menos cuatro años, en un formato legible y trazable, accesible para su inspección y exportación por parte de la Agencia Tributaria.

Finalmente, y aunque aún no existe un sistema oficial de certificación en España, se prevé que el reglamento de desarrollo de la Ley Antifraude establezca un modelo similar al ya implantado en otros países como Portugal o Francia.

¿Cómo me adapto a la Ley Antifraude?

Adaptarte a la Ley Antifraude no tiene por qué ser un proceso complejo si se toman las medidas adecuadas con la suficiente antelación. Cumplir con esta normativa implica no solo una actualización tecnológica, sino también una transformación en la forma de operar, especialmente en lo que respecta a la facturación y la gestión contable. Por eso, vamos a ver cuales son los pasos clave a seguir para adaptarte a la nueva Ley Antifraude.

Lo primero que debes hacer es evaluar tu situación actual:

• Revisa el sistema de facturación que utilizas.
• Identifica si permite prácticas que ya no serán legales, como la modificación de datos sin trazabilidad.

A continuación, implanta un software adaptado a la normativa:

• Utiliza soluciones que cumplan con los requisitos de integridad, conservación y trazabilidad.
• El software debe impedir la alteración de facturas y registrar cada operación de forma segura.

Prepara poco a poco la transición a Verifactu. Si formas parte del grupo obligado a enviar facturas electrónicas a Hacienda, adelántate a la implementación.

Capacita a tu equipo y asegúrate de que las personas responsables de la facturación y la contabilidad conocen los nuevos requisitos.

Finalmente, consulta con expertos, como tu asesor fiscal o proveedor tecnológico, que pueden ayudarte a garantizar que todos tus procesos cumplen con la normativa vigente.

Sanciones de la nueva ley

El régimen sancionador de la Ley Antifraude es uno de los aspectos más contundentes de esta normativa. Con el objetivo de disuadir las prácticas fraudulentas se han establecido multas significativas tanto para los usuarios como para los desarrolladores de software que incumplan los requisitos establecidos.

Algunas de las infracciones más importantes marcadas por la norma son:

• Utilización de un software de doble uso para alterar o eliminar facturas, que tiene la consideración de infracción grave (entre 50.000 y 150.000 euros).
• No garantizar la integridad, conservación y accesibilidad de los datos.
• Distribución o comercialización de software no conforme a la normativa; en este caso la responsabilidad es de fabricantes y proveedores y la sanción asciende a 1.000 euros por cada licencia o instalación indebida.
• Pagos en efectivo que superen los límites máximos; en este caso, la multa asciende al 25% de la cantidad abonada.

Las sanciones están recogidas en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria y han sido ampliadas mediante el desarrollo reglamentario posterior a la aprobación de la Ley Antifraude 11/2021:

• 150.000 € para las empresas fabricantes de software por cada año de ventas.
• 50.000 € para las empresas que presenten algún tipo de anomalía por cada ejercicio fiscal de utilización.
• 1.000 € por cada operación no registrada correctamente o alterada mediante software fraudulento.

Además, estas multas pueden incrementarse en caso de reincidencia o resistencia a la inspección. Más allá de las sanciones económicas, el incumplimiento de la norma puede conllevar problemas fiscales e, incluso, provocar la revocación del NIF.

Ley Antifraude vs. Ley Crea y Crece

Aunque responden a objetivos distintos, la Ley Antifraude 11/2021 y la Ley Crea y Crece 18/2022 comparten un denominador común: ayudar a impulsar la digitalización y la transparencia en el tejido empresarial español. Aun así, podemos encontrar ciertas diferencias clave entre ambas:

• Ley Antifraude: se centra en la prevención del fraude fiscal, especialmente a través del control del software de facturación, el registro de operaciones y la limitación de pagos en efectivo.
• Ley Crea y Crece: tiene como objetivo facilitar la creación de empresas y fomentar su crecimiento, estableciendo, por ejemplo, la facturación electrónica obligatoria entre empresas y autónomos como medio para reducir la morosidad.

Ambas leyes son complementarias y forman parte de un mismo esfuerzo por modernizar el ecosistema empresarial. Sin embargo, mientras la Ley Antifraude pone el foco en la fiscalización, la Ley Crea y Crece busca dinamizar el tejido productivo.